- La estrategia de vivienda del Partido Popular prioriza por primera vez el uso del suelo público para vivienda
- Frente a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, el PP ofrece soluciones reales con más suelo, más oferta y precios accesibles
- El equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia movilizará más de 125.000 m² de suelo municipal en 26 barrios y pedanías para facilitar el acceso a la vivienda
El Partido Popular de Murcia, liderado por el alcalde José Ballesta, ha dado un paso histórico con la puesta en marcha de la Estrategia Municipal de Vivienda y Suelo 2030, la mayor iniciativa en materia de vivienda desarrollada en el municipio en décadas, que permitirá la construcción de cerca de 2.400 viviendas a precio asequible.
De esta forma, el equipo de Gobierno del PP movilizará 66 parcelas municipales y más de 125.000 metros cuadrados de suelo, permitiendo desarrollar vivienda en 26 barrios y pedanías del municipio, con precios entre un 40% y un 70% por debajo del mercado.
“Apostamos por poner los recursos municipales al servicio de los murcianos y, especialmente, de aquellos que más lo necesitan. España tiene un problema de vivienda generado por un gobierno sanchista que lo único que ha conseguido con sus medidas es encarecer la vivienda y privar a los españoles de poder acceder a un derecho básico como este”, señalan fuentes del Partido Popular.
El plan contempla la construcción de más de 2.300 viviendas, de las cuales más de 1.100 estarán destinadas a vivienda asequible y más de 1.200 a alquiler dotacional, además de la creación de más de 3.000 plazas de aparcamiento, dando respuesta a una de las principales preocupaciones de los murcianos.
Llama la atención que ahora el PSOE critique la venta de suelo público, cuando en julio de 2022, durante su mandato, anunciaron como “medida estrella” recaudar hasta 40 millones de euros mediante la venta de parcelas municipales. No solo fue una posición abiertamente incongruente con su discurso actual, sino que además aquella promesa fue falsa.
La realidad fue que su gestión dejó un agujero de 76 millones de euros que llegó a poner en riesgo la prestación de los servicios públicos municipales.
