- El Grupo Municipal Popular propondrá el próximo jueves un pronunciamiento de la Corporación en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, rechazando el indulto generalizado que pretende conceder Pedro Sánchez a los políticos independentistas que se rebelaron en 2017 contra el orden constitucional en Cataluña
- “José Antonio Serrano, Enrique Lorca y el resto de concejales socialistas en el Ayuntamiento de Murcia deberán decidir si se ponen al lado de la Constitución Española y el Estado de Derecho, o si por el contrario apoyan al prófugo Puigdemont”, ha señalado Mercedes Bernabé
22 de octubre de 2023.- El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia ha presentado una moción al Pleno ordinario del próximo jueves en defensa del Estado de Derecho y en contra de la amnistía que el PSOE de Pedro Sánchez negocia con los independentistas catalanes para mantenerse en el poder.
“José Antonio Serrano, Enrique Lorca y el resto de concejales socialistas en Murcia deberán decidir si están al lado del Estado de Derecho y la Constitución Española, que proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley, o están del lado del prófugo Puigdemont y el resto de políticos independentistas que en 2017 protagonizaron un intento de insurrección contra el orden constitucional en Cataluña”, ha señalado la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé.
Mercedes Bernabé ha recordado que, durante la tramitación de la Constitución de 1978, ya se debatió la cuestión de la amnistía, pues se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia. “Las enmiendas fueron rechazadas y, por el contrario, se aprobó el artículo 62 que prohíbe los indultos generales. Es decir, el perdón -que sí existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la Ley del Indulto-, debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general”, ha señalado la portavoz.
“En una democracia consolidada como la española, una amnistía atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano”, ha indicado Bernabé.
El propio Pedro Sánchez, así como otros ministros socialistas como Carmen Calvo, Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo, definieron como inconstitucional esta amnistía cuando en 2021 se registró en el Congreso de los Diputados una iniciativa en favor de la amnistía. “Los Letrados del Congreso emitieron un informe contundente contrario a su tramitación”, ha recordado la portavoz popular.
“Los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley. Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado”, ha afirmado Bernabé, quien ha añadido que “el precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo”.
En la moción, el PP insta a rechazar la amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, sea cual sea su delito. Además, el texto presentado realiza una defensa del imperio de la ley y la igualdad de los españoles, animando a los partidos políticos a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas.
Si se aprueba la moción, el acuerdo será trasladado a Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia Segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado; así como a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
