- El Grupo Municipal Popular ha reprobado en Pleno la política migratoria del Gobierno Central por imponer a los municipios una carga inasumible sin recursos ni planificación
- La avalancha de solicitudes ya está tensionando los servicios municipales, mientras el Gobierno actúa sin coordinación y de espaldas a las instituciones
- Pese a este escenario, el equipo de Gobierno del Partido Popular está haciendo un esfuerzo extraordinario para dar respuesta a la situación, apoyándose en una amplia red de atención ciudadana y en herramientas tecnológicas que han permitido minimizar el impacto. “Si hoy Murcia está resistiendo mejor que otros municipios es gracias al compromiso de sus empleados públicos y a una gestión eficaz, no por la ayuda del Gobierno, que ha sido inexistente”, subrayan
El Partido Popular de Murcia denuncia la absoluta irresponsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez tras aprobar una regularización masiva “sin planificación, sin recursos y sin el más mínimo respeto a los ayuntamientos”, que son quienes están asumiendo en primera línea las consecuencias de esta decisión. El Grupo Municipal Popular ha reprobado en Pleno esta política migratoria “improvisada, electoralista y profundamente injusta”, que ya está provocando un colapso evidente en los servicios de atención al ciudadano.
Fuentes populares señalan que el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo central nace sin una memoria económica real, sin previsión operativa y sin coordinación con las administraciones locales, a pesar de que son estas las que están gestionando el impacto social, administrativo y asistencial. “Estamos ante una decisión de enorme magnitud adoptada sin rigor, que traslada competencias y costes a los ayuntamientos sin aportar ni un solo euro adicional”.
Los datos evidencian que, en apenas unos días, las solicitudes se han disparado en los registros municipales, multiplicándose en algunos casos por más de cuatro respecto al año anterior. Una presión que recae directamente sobre los servicios municipales, que ya venían soportando una elevada carga de trabajo. “El Gobierno genera el problema y pretende que lo resuelvan los ayuntamientos, pero sin prestarles los medios necesarios para hacer frente de forma eficaz a esta problemática. Es un ejercicio de irresponsabilidad política sin precedentes”, señalan.
Desde el Grupo Municipal Popular advierten que ese sobreesfuerzo está obligando a dejar en segundo plano las gestiones ordinarias de los servicios municipales, como la atención habitual a los murcianos en el Registro y, por eso, el equipo de Gobierno del PP exige que la regularización debe ser ordenada y atendiendo a las condiciones individuales de cada persona, sin afectar en absoluto a la rutina de los murcianos.
El Partido Popular advierte además de las graves deficiencias del decreto, que permite procesos sin una verificación sólida de identidad, con criterios ambiguos para acreditar la vulnerabilidad y sin una conexión real con el mercado laboral. “Se abre la puerta a regularizaciones sin garantías, sin control y sin planificación, lo que genera inseguridad jurídica y debilita el sistema”, añaden.
Desde el Grupo Popular recuerdan que esta decisión va en contra de los principios del Pacto Europeo de Migración y Asilo y del propio criterio del Congreso de los Diputados, que ya había expresado su rechazo. “Sánchez gobierna de espaldas a las instituciones, ignorando al Parlamento y sin escuchar a quienes tenemos que gestionar la realidad diaria”, afirman.
Pese a este escenario, el equipo de Gobierno del Partido Popular está haciendo un esfuerzo extraordinario para dar respuesta a la situación, apoyándose en una amplia red de atención ciudadana y en herramientas tecnológicas que han permitido minimizar el impacto. “Si hoy Murcia está resistiendo mejor que otros municipios es gracias al compromiso de sus empleados públicos y a una gestión eficaz, no por la ayuda del Gobierno, que ha sido inexistente”, aseguran.
Por todo ello, el Partido Popular exige la retirada inmediata del decreto y reclama que cualquier medida en materia migratoria se tramite con transparencia, planificación, consenso institucional y financiación suficiente. “No se puede jugar con algo tan serio por puro interés político. Gobernar no es trasladar problemas a otras instituciones, es asumir responsabilidades, algo que este Gobierno ha decidido no hacer”, concluyen fuentes populares.
